El 9 de marzo del presente año, en una entrevista para Ecuavisa, el Dr. Hernán Salgado, experto en Derecho Constitucional, calificó de “analfabetos constitucionales”, a los Asambleístas que tramitan el juicio político contra el Presidente Guillermo Lasso. Esto en referencia a que desconocen las normas legales que deben aplicar.
Ayer, la Asambleísta Viviana Veloz, presentó la solicitud para el juicio político de marras, y volvieron a cometer un error que ratifica la calificación otorgada a las Asambleístas.
Dicha solicitud fue presentada usando como argumento un derecho o facultad otorgada por la Constitución Política por el artículo 131 el que dice: “La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político, a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y la ley, de las ministras o ministros de Estado, o de la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública General, Superintendencias, y de los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y de las demás autoridades que la Constitución determine, durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado”.
Como se puede confirmar, el artículo invocado por la asambleísta Veloz, no la faculta para enjuiciar al Presidente de la República, por lo que dicha solicitud no tiene validez.
Este error fue subsanado, horas más tarde, mediante un oficio de alcance presentado por la misma Asambleísta, a su solicitud de juicio político, ahora sí invocando el artículo correcto de la Constitución Política, el 129, que dice: “La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político de la Presidenta o Presidente, o de la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros, en los siguientes casos: 1. Por delitos contra la seguridad del Estado. 2. Por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. 3. Por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia.
En el alcance ratifican que el numeral utilizado para la acusación es el dos, esto es que, los Asambleístas, deberán presentar pruebas claras y precisas que el presidente Guillermo Lasso adecuó su conducta a alguno de los tipos penales señalado, sin embargo, en la página 51 de la solicitud de juicio político, presentan el siguiente argumento: “Finalmente debemos reafirmar y enfatizar que, tal como se ha señalado en líneas precedentes, los hechos narrados en este acápite no buscan ser enmarcados en una de las causales establecidas en el artículo 129 de la Constitución, sino evidenciar la transgresión al principio de confianza y la irresponsabilidad política por parte del primer mandatario, pues de su solapamiento y silencio, no solo se promovió la impunidad, sino lo más grave, se expuso a la población a efectos de incalculables consecuencias sociales, que día a día hoy las palpamos”.
Ni siquiera Cantinflas se hubiera atrevido a presentar este galimatías, con el que la Asambleísta Viviana Veloz, primero argumenta que acusa al presidente Guillermo Lasso de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito; pero después dice que ya no lo acusa de eso sino de la inseguridad que atormenta a millones de ecuatorianos. Durante la presentación de la solicitud, la Asambleísta Veloz declaró que “la Corte Constitucional debe actuar como un ente político”.
La ambición ilimitada hace cometer errores. Los políticos que quieren tomarse la administración del Ecuador, hacen cometer errores absurdos a sus “buenos muchachos”, en la Asamblea Nacional, quienes no conocen el sentimiento denominado vergüenza, y son tan incondicionales a quienes mueven sus hilos, que cumplen sus disposiciones a rajatabla. Parecería que lo único que saben decir es “dónde firmo”.
