La máxima instancia del sistema judicial ecuatoriano es la Corte Nacional de Justicia, conformada por 21 jueces que son designados por un periodo de 9 años, y que no podrán ser reelectos.
Sus funciones son:
- Conocer los recursos de casación, de revisión y los demás que establezca la ley.
- Desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales fundamentado en los fallos de triple reiteración.
- Conocer las causas que se inicien contra los servidores públicos que gocen de fuero (Presidentes y Expresidentes de la república, Ministros y Exministros, y demás funcionarios de alto nivel).
- Presentar proyectos de ley relacionados con el sistema de administración de justicia.
- Elegir de entre sus miembros al Presidente que representa a la Función Judicial y durará en sus funciones tres años.
El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) es la institución encargada de administrar el concurso para la designación de 16 jueces de la Corte Nacional de Justicia.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ha hecho pública sus observaciones a este concurso debido a que “la ciudadanía necesita una acción totalmente transparente y sin cuestionamientos en este tema tan delicado”.
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Por lo que solicitaron al CNJ la suspensión del concurso de acuerdo a los señalado en el Artículo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial: “Si en las diferentes fases del proceso de los concursos se advirtiese alguna anomalía importante, que lo afecte de nulidad insanable, se rehará el procedimiento, total o parcialmente, por resolución de quien dirige el respectivo concurso”.
Los informes de los veedores tienen coincidencias en que existen posibles irregularidades en el reglamento y la falta de una certificación del sistema informático, en síntesis:
“Fue el mismo CNJ quien desarrolló el sistema informático, ya que cuenta con los programas fuentes y tiene la potestad de modificarlo cuando lo deseen”.
El Director General del CNJ, Pedro Crespo, de forma pública aceptó que el sistema informático no cuenta con una certificación.
“Los informes de los expertos que califican los requisitos de los postulantes no son vinculantes, la Comisión de Calificación está conformada por empleados dependientes del CNJ”.
La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) también cuestionó la transparencia del concurso, por lo que solicitó de forma pública “dejar insubsistente este concurso”, incluso consideran que la Fiscalía debería investigar ciertas circunstancias del proceso.
En un asunto tan delicado y fundamental para garantizar la Seguridad Jurídica de todas las personas (naturales y jurídicas) como es el concurso para designar a los jueces de última instancia, es necesario ser transparente y parecerlo.
