EL Consejo de la Judicatura estaría envuelto en un mar de ilegalidades, curiosamente en el marco de la ley. Y es que el peso de su balanza cada vez va en decadencia, y el brazo de la justicia se prolonga hacia una cúspide que exige un alto.
La justicia puede ser ciega, pero las denuncias de quienes analizan los últimos acontecimientos no se han hecho esperar y cada vez se suman más.
Es así que, Ramiro García, presidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Penal, este jueves entregó a la fiscal general Diana Salazar, una denuncia penal por falsificación y uso de documento falso contra Wilman Terán, Xavier Muñoz y Katerine L, quienes cumplen funciones como presidente, vocal y subdirectora de Gestión de Procesos, respectivamente.
Tal es el caso, que con la presencia de 5 miembros del Consejo de la Judicatura, solo le valieron 2 votos, para destituir al juez nacional Walter Macías, cuando se supone que mínimo debieron tener 3 para hacer mayoría, porque así lo dictan las matemáticas, de un total de 5, 3 es mayor que 2. Es así que al momento de la votación, Wilmán Terán y Xavier Muñoz, votaron a favor de la destitución, mientras 3 se abstuvieron.
Según García la destitución del juez Walter Macías tiene hechos falsos, pues en la resolución consta que 2 votaron a favor y una abstención. Pero este resultado contrasta con los videos recabados por la fiscalía, durante un allanamiento, pues claramente se ve que en la sesión estaban 5 integrantes, de los cuales 2 votaron por la destitución y 3 en abstención.
En redes sociales, William Terán se justifica y asegura que en principio el voto fue de 2 a favor y 3 abstenciones, sin embargo, luego hubo una solicitud de reconsideración del voto, pero como era telemático, para esto ya no estaban conectados los 5 sino solo 3, entonces de 3 contra 2, se hicieron 2 contra uno y así fue como lograron cuadrar las cuentas.
Según los 2 vocales del Consejo que se abstuvieron de votar, abandonaron la sesión porque había fallas en el audio y nunca escucharon que tenían que votar de nuevo.
Pero además de hacer coincidir los números, Macías asegura que el vocal Muñoz, estaba en estado de embriaguez, pasando vacaciones en Miami, por lo que no podía participar en las sesiones y en su lugar debió haber puesto un suplente.
El pasado martes 29 de agosto, la fiscal general, Diana Salazar, también solicitó ante la Corte Nacional de Justicia, día y hora para formular cargos por el delito de obstrucción de la justicia y tráfico de influencias contra Terán, Muñoz y otros concejales y funcionarios del Consejo de la Judicatura.
Según Salazar la Fiscalía cuenta con elementos de convicción que servirán para procesar a los 8 funcionarios, que estarían vinculados con los casos “Las Torres”, en el que fueron sentenciados, el excontralor Pablo Celi y su hermano Esteban y que son considerados de connotación nacional.
El destituido Macías, interpuso una acción de protección contra el CJ para pedir el reintegro de sus funciones.
Y aunque el único organismo de control que puede decidir sobre el futuro de los miembros del CJ es la disuelta Asamblea Nacional, también figura el marco penal. El artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), estipula penas de cárcel de 5 a 7 años.
