Desde que el país se dio cuenta que en realidad lo que tanto hablan los funcionarios legislativos no es más que de sus intereses personales y no por lo que fueron elegidos, siendo ese su principal miedo entre ellos, la función legislativa solo tiene que legislar y fiscalizar, así lo establece la ley, por lo tanto, no hacerlo constituye un delito.
Los Asambleístas no fueron electos para gestionar contratación pública, y de hacerlo estarían delinquiendo. También, es reprochable que se presten para acatar órdenes ilegales de los líderes de sus partidos políticos, como la de pactar con prófugos de la Justicia.
Esos términos son los que deberían hacer eco en todos, pero dado el caso del divorcio entre el PARTIDO SOCIAL CORREISTA, UNES y CREO se ha dado a conocer que la vieja política ya quedó en el pasado, que los ecuatorianos merecemos personas que nos representen, tanto en la función legislativa como en la ejecutiva.
Esperemos por el bien del país y por la gobernabilidad, que este sea el camino hacia la institucionalidad que tanto anhelamos.
La gobernabilidad es a favor de los ecuatorianos, por lo que al boicotearla no se estaría perjudicando al Presidente Guillermo Lasso sino a toda la población.
Félix Peñafiel – Corresponsal en Milagro.
