En el país, los casos de feminicidio van en aumento, las cifras son alarmantes y cada vez los hechos son más crueles. En el año 2020, los casos aumentaron un 45% y en el 2021 un 33%. A pesar de que se han endurecido las penas y cambiado las leyes, la justicia es lenta y no esclarece los hechos. De manera reiterada el agresor sigue libre ó se lo declara inocente, incluso, teniendo todas las pruebas en su contra.
La justicia por sí misma deja mucho que desear, los asesinatos a mujeres, víctimas de maltrato físico o psicológico, no deben quedar en la impunidad. La muerte de una persona no es solo una cifra que se intenta arreglar con campañas, el cambio debe ser profundo desde la función judicial.
Los jueces deben aplicar la ley de forma imparcial y no desde su perspectiva, si no se toman los correctivos pertinentes en el actuar de estos casos simplemente nada va a cambiar. El agresor seguirá sintiéndose protegido por la Justicia, y los familiares de la víctima continuarán en un Vía Crucis legal.
Existen las unidades especializadas para estos casos, que fueron creadas justamente para dar cumplimiento a la ley, pero no cumplen su objetivo, porque los jueces en lugar de dar celeridad a los procesos los dilatan.
La ley debe ser aplicada de la misma forma para todos, no debe existir bajo ningún concepto la justicia selectiva, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura deben poner más control y vigilar que las leyes sean bien aplicadas.
Andrea León – Corresponsal en Pichincha.
