Con profunda preocupación, los ecuatorianos observan el incremento de la delincuencia, el principal detonante es la terrible situación socio-económica que atraviesa el país, lo que afecta a un gran estrato de la población, creando un ambiente de tensión, proliferando el cometimiento de delitos.
En la Constitución del Ecuador, en el artículo 163, se establece que la misión de la Policía Nacional es atender la seguridad ciudadana y el orden público, sin embargo, su accionar se ve limitado por dos aspectos: la falta de presupuesto para una eficiente gestión; así como jueces permisibles con la delincuencia y sancionadores con aquellos que intentan hacer su trabajo.
A pesar de que Guayaquil es una de las ciudades más afectadas por la criminalidad, el Ecuador entero vive un estado de conmoción y constante zozobra, a diario se observan sicariatos, robos, femicidios, y el crimen organizado cada vez se lo siente con más fuerza, más aun cuando Ecuador dejó de ser un país de transito del narcotráfico, para convertirse en un país clave para la distribución de substancias prohibidas para varios países del mundo.
La firma de Decretos de Estado de Excepción y la presencia de militares en las calles, es una solución momentánea pero no sostenible a largo plazo, lo fundamental y urgente es una reforma coyuntural al sistema judicial y fiscal, así como la creación de estrategias sociales.
Para lograr esto, es necesario que nuestras autoridades depongan sus intereses y diferencias personales, y finalmente; cumplan con el rol para el que fueron electos.
Alexandra Naranjo Guffanti
CORRESPONSAL TUNGURAHUA
