Las mujeres que habitan en el área rural atraviesan condiciones de desigualdad económica y social muy marcadas en comparación con las mujeres que habitan en las ciudades. Si bien, esta condición ha persistido a lo largo de la historia, con la llegada de la pandemia tal condición se ha profundizado, dejando en evidencia que existe una deuda innegable con la mujer rural, que es la que más trabaja y la que menos gana.
Este grupo etario posee la tasa más alta de analfabetismo a nivel nacional, 14.2%; percibe menores ingresos que otras, $219 al mes; y, trabaja jornadas más extensas que oscilan entre 83 y 86 horas semanales. Estas condiciones de desigualdad determinan una situación de vulnerabilidad para las mujeres del campo, quienes cada día experimentan inmensas brechas de género, amenazas y barreras de acceso a servicios que ya eran ampliamente limitados y que, con la llegada de la pandemia se han limitado aún más, como el acceso a servicios de agua potable, saneamiento, educación, tecnología y otros más.
Las mujeres del área rural no tienen facilidades de acceso a tierra y tampoco a fuentes de financiamiento, puesto que, los requisitos y garantías que piden las entidades financieras para asegurar el pago de las obligaciones resultan ser exigencias difíciles de saltar para las mujeres rurales, quedando excluidas de un sistema financiero que podría contribuir a mejorar sus condiciones de vida.
Por otro lado, existe un trabajo sobrecargado para las mujeres en el área rural, además de no ser reconocido muchas veces y mal remunerado en otras. Mientras en la ciudad, una mujer gana en promedio $400 mensuales, en el campo gana $219. Estas condiciones de desigualdad se vuelven una carga más dura de llevar, pues la mujer es quien lleva la responsabilidad de cuidar de la familia, la educación de los hijos, la alimentación de animales y la producción de las tierras.
Durante la pandemia, las condiciones de desigualdad e inequidad estructural van dejando claro que, hay mucho por construir en aras de la reivindicación de un grupo social que representa el pilar fundamental para la seguridad alimentaria en Ecuador, puesto que, la agricultura familiar campesina está predominantemente liderada por mujeres, 61%, y al mismo tiempo son ellas quienes garantizan el 60% de la producción agrícola de alimentos en territorio ecuatoriano.
La sociedad debe seguir luchando por la búsqueda de mecanismos que permitan empoderar a la mujer rural en condiciones de mayor igualdad, pues en la actualidad, se percibe cierto nivel de privilegio para las mujeres que habitan en las zonas urbanas quienes pueden acceder con más facilidad y calidad a servicios básicos, en relación con las mujeres de la ruralidad quienes cada vez encuentran más dificultad en ello.
La presencia de la pandemia del COVID-19, ha significado un retroceso de 10 años en materia de derechos para la igualdad, según explica la Revista Gestión.
Carmen Patricia Teanga Zurita – Corresponsal en Carchi.
