La participación es un componente de la democracia plena, fortalecer los espacios de participación ciudadana es un derecho establecido en la Constitución de la República, en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, en el COOTAD y en las Ordenanzas relacionadas al tema.
Todos los individuos de nuestra sociedad con capacidad de voto, tienen la facultad de poner en práctica el uso de los mecanismos de participación, para asegurar su intervención en la toma de decisiones y la resolución de los problemas que afectan el bien común.
Los actores de la participación ciudadana pueden ejercer este rol desde varias instancias, como son:
Los Consejos Ciudadanos Sectoriales, los Consejos Consultivos, las Audiencias Públicas, los Presupuesto Participativos, las Asambleas Ciudadanas, la Silla Vacía, los Cabildos Populares.
Garantizar las normas que reconocen y protegen la dignidad de todos, es parte de las actividades que cumplen aquellos ciudadanos que de manera activa forman parte de los colectivos de participación ciudadana. Su labor está enfocada en defender y garantizar el cumplimiento de los derechos en todas sus instancias.
La participación ciudadana en la gestión pública debe ser afianzada como un deber y un derecho, con la finalidad de que el ciudadano pueda colaborar al momento de realizar el diagnóstico de las problemáticas y necesidades sociales y ser parte activa en las etapas del ciclo de gestión de políticas públicas (Diseño y Formulación, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación).
Es importante que la ciudadanía tenga claro este derecho, sobre todo; en momentos cruciales cuando varias autoridades locales y nacionales han sido cuestionadas por supuestos manejos indebidos de los recursos públicos. Ahora es el momento de activar las veedurías ciudadanas para exigir la oportuna y transparente rendición de cuentas.
Alexandra Naranjo – Corresponsal en Tungurahua.
