La Secretaría Amazónica debería ser una institución autónoma, ya que su funcionamiento no depende del Presupuesto General del Estado, sino de las regalías de las empresas petroleras, y su función debe cambiar a planificación, control y ejecución.
Su representante debería ser nominado por un consejo o por elección popular de las 6 provincias amazónicas, y no por el presidente de la República, ya que se la ha venido usando para pagar favores políticos.
Debería coordinar y promover el desarrollo regional con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y la Superintendencia de Bancos, en lo que respecta a producción, turismo, cultura, agricultura, ganadería.
Debería coordinar con el Gobierno central la socialización y ejecución de servicios ambientales derivados de los bonos de carbono para la implementación de proyectos ambientales y cuidado de la naturaleza, como menciona la pregunta 8 de la Consulta Popular, y la Constitución en Derechos de la Naturaleza.
Hay una gestión pública que debería ser manejada desde otra perspectiva, con respecto al por qué de la Secretaría Técnica Amazónica, que debería ser cambiada total o parcialmente en su ley y reglamento.
