Dye T., en 1992, definió a las políticas públicas como todo aquello que un gobierno hace o deja de hacer, esto quiere decir que un gobierno debe hacerse responsable por aquellas acciones emprendidas en su gestión para intentar resolver los problemas de la sociedad, pero también por aquellas omisiones que dentro de su gestión tuvieron lugar.
Significa además que la administración de la cosa pública conlleva una responsabilidad mucho más amplia de lo que aparenta, pues se entiende que una autoridad es responsable, tanto por lo que hace, como por lo que deja de hacer para atender los asuntos públicos.
Sería deseable que las autoridades de los diferentes niveles y espacios de gobierno conozcan los instrumentos para diseñar, ejecutar e implementar políticas públicas eficientes, pues son mecanismos de acción que contribuyen a resolver o evitar problemas sociales de interés público. Estas herramientas técnicas no deben ser improvisadas o diseñadas a criterio de la autoridad de turno solamente, sino que deben construirse y ejecutarse de la mano de los agentes involucrados en los problemas.
Las políticas públicas deben trabajarse de manera integral y con la participación de una gran variedad de actores con la finalidad de lograr autocontrol en las organizaciones de gobierno y en sus procesos. Su aplicación eficiente permite crear orden a nivel interno y externo para prevenir y combatir la improvisación en la gestión, evitar las inconsistencias en la acción pública, asegurar los resultados de las acciones a largo plazo y estabilizar el trabajo de lo público.
Se debe aclarar que no todo acerca de lo que hace el Estado y el gobierno es política pública, dado que las políticas públicas no son sinónimo de acciones gubernamentales, así como no toda política gubernamental es pública, pues según Aguilar, V., (2012), las políticas públicas deben reunir requisitos para ser consideradas como tales: atacar a un problema con carácter de público, ajustarse a la ley pública, invertir correctamente los recursos públicos, permitir la participación de los afectados, incorporar prácticas de transparencia, realizar rendición de cuentas a los ciudadanos, y basar su acción en los intereses generales de la sociedad.
Adicionalmente deben tener un contenido profundo, contener un programa específico, existir orientación normativa o teleológica, y ser una competencia social.
Si bien el Estado tiene la capacidad de cambiar las conductas de los actores sociales a través de la aplicación de políticas públicas, en América Latina la mayoría de estas fracasan debido a que las estructuras estatales en sus países son débiles, de ahí la necesidad de que se construyan espacios de diálogo para tratar de concertar con los diferentes actores.
A pesar de que los conceptos de la gobernanza han sido introducidos para lograr que en la práctica se ejecute un buen gobierno, los países latinoamericanos se enfrentan con un problema de identidad cultural, pues en la cultura política sus gobernantes tienden a considerarse salvadores.
En tal caso, se niegan a la aplicación de mecanismos de búsqueda de consensos y concertaciones sociales para la concreción de las políticas públicas, pues erróneamente creen que el diálogo y la participación de los actores les resta autoridad y poder.
