… O curarse en sano.
El 4 de agosto del 2020, la Asambleísta Mae Montaño presentó el “Proyecto de Ley para prevenir la Violencia, el Acoso Digital y la Violencia a la Intimidad”. La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional lo analizó el 19 de octubre del 2020.
La propuesta de Montaño, fue que el Código Integral Penal tipifique e imponga pena de cárcel de 1 a 4 años a quien difunda imágenes, audios y videos con contenido sexual usando medios digitales sin el consentimiento de la persona.
De 6 años si la persona agraviada es menor de edad o tiene discapacidad. La pena será más grave si quien difunde es la pareja o expareja de la víctima. La pena será de 6 a 10 años para quien comercialice dicho material en redes sociales, e-mail, blogs o juegos en línea. A quien pida dinero o favores a cambio de no publicar dicho material la pena será de 1 a 3 años, y si la víctima es menor de edad la pena sería de 3 a 5 años.
El 6 de mayo de 2021, ciento siete asambleístas votaron a favor, cuatro en contra y diez se abstuvieron del proyecto de ley, con algunas variantes agregadas por el Asambleísta José Serrano, al proyecto presentado por Mae Montaño.
En su intervención, de anoche, Montaño exigió a Serrano que no incluya su nombre en el informe final porque con las variantes agregadas “será una herramienta de persecución para restringir libertades, y para proteger no a las mujeres que están sufriendo la violencia sexual digital, sino a aquellos que quieren autoprotegerse”.

“El aprovechamiento y el oportunismo politiquero ha hecho que esa ley, que esa petición de tipificar delitos específicos orientados a dañar sexualmente la dignidad, la integridad de las mujeres, inclusive, señalando agravantes, haya concluido en una ley que busca proteger, escuchen bien, a los políticos autoritarios, a los políticos abusivos, y a los políticos corruptos”.
José Serrano replicó que “esta norma no será aplicable contra las personas que divulguen información pública”.
Cuando se está investigando un delito, la información NO es pública, incluso no lo es en la etapa de investigación por la Fiscalía, por lo tanto, quienes investigan y denuncian delitos en la administración pública no podrán difundir su trabajo.
Los casos de corrupción en las compras públicas en los primeros meses de la pandemia se hicieron conocidos porque el Exvicepresidente Sonnenholzner obligó que la información sea subida a la web, esto permitió que se descubran cientos de delitos, si hubiera existido la ley que propone Serrano no sabríamos de los sobreprecios en dichas compras.
Es notorio, que el Proyecto de Ley presentado por la asambleísta Mae Montaño fue manipulado para crear una Ley Mordaza Digital, cuya finalidad es censurar las Redes Sociales y así garantizar la impunidad de los políticos corruptos. El Ejecutivo debería vetarla.