El “Gobierno del Encuentro”, enfrenta el primer reclamo de parte de quienes lo llevaron al poder porque creyeron en sus propuestas de campaña. El reclamo no es solo por el precio del arroz, sino también por el permiso para portar armas.
El precio de la saca de arroz en el mejor de los casos está a 26 dólares, y eso es pérdida para los agricultores, se ofreció que se lo pondría a 35 dólares; pero ahora el Gobierno dice que ese precio no se lo puede fijar por decreto, cuando en países del primer mundo, los gobiernos protegen a sus productores agropecuarios.
La inseguridad en el campo es la normalidad, es imposible para cualquier Gobierno proteger la propiedad privada en el sector rural, y peor en un país como el nuestro dónde gran cantidad de jueces y fiscales son corruptos, donde las leyes protegen a los delincuentes y desamparan a los policías y al ciudadano honrado.
Cuando el Gobierno dictatorial prohibió a los ecuatorianos el porte de armas de fuego, lo hizo con el objetivo de crear inseguridad, porque un pueblo temeroso es más fácil de controlar. El delincuente por naturaleza no respeta la ley, y el Gobierno de la Década Robada permitió que actúen con seguridad cuando a sus víctimas les privó del derecho a la defensa.
Ante el justo reclamo de los agricultores, la respuesta del Presidente Guillermo Lasso fue repetir la frase que usó para encarcelar a dirigentes sociales cuando fue gobernador; “la ley es la ley”, pero un principio jurídico natural dice que “Nadie está obligado a respetar una ley que no respeta los derechos fundamentales”. Si se mantienen los actuales precios, los agricultores trabajarán a pérdida, y al no permitirles portar armas sus vidas están en constante riesgo.
Hace mucho rato pasaron los 100 minutos claves que el Presidente Guillermo Lasso se impuso para mejorar el Ecuador, pero tal parece que está aplicando la teoría gatopardiana: “Prometer que todo cambie para que al final todo siga igual”.
Nicolás Brito Grandes – Corresponsal en Guayaquil
