(Foto de archivo personal)
En la parte I decía que el consumidor carece de discernimiento y capacidad de análisis acerca de la información de los medios. A esto se le añade el poco conocimiento histórico, sobre todo de la política nacional. Solamente conoce la historia que le toca vivir, pero no investiga los antecedentes. Esa ignorancia permite la manipulación política, especialmente en tiempos de campaña.
Pese a no seguir corriente política alguna (como advertí en la parte I), es inevitable analizar los trasfondos políticos. En las siguientes líneas me atreveré, con argumentos, a reflexionar sobre la desestabilización de los medios desde el gobierno anterior, presidido por Rafael Correa.
Como ex colaborador de diario El Telégrafo, puedo decir que la estrategia de dicho gobierno inició con el “rescate” de medios incautados. El Telégrafo fue uno de ellos, que hasta el año 2015 fue un medio privado que se convirtió en público. Durante los 10 años en que laboré ahí no puedo negar que sí hubo injerencia del partido oficialista (AP), sobre todo durante los debates previos a las elecciones anteriores.
La idea era contar con medios que pudiesen respaldar cualquier decisión o declaración de su mandatario, sea correcta o incorrecta. De ese modo, cualquier medio que lo contradijera era considerado como “corrupto”. Y ese fue el adoctrinamiento durante una década, a través de sus enlaces sabatinos que eran consumidos por una mayoría que desconoce la historia de su propio país o de temas profundos. En consecuencia, esa masa ha sido vulnerable y manipulable porque solo veía al líder, pero sin capacidad de análisis sobre cualquier trasfondo. Eso permitía el discurso enfatizado hacia la historia del país, pero desde los últimos 20 años.
El caso de la columna “No a las mentiras”, escrita por Emilio Palacio y publicada por Diario El Universo en febrero de 2011 se convirtió, para el mandatario, en otra oportunidad de adueñarse de un medio para sus intereses o al menos para debilitarlo.
Exactamente un año después de aquella publicación se confirmó la sentencia contra el medio: pago de 30 millones de dólares para los implicados (Palacio y los tres hermanos Pérez, directivos del matutino) y tres años de prisión para ellos. A eso añadieron 10 millones de dólares más de sanción para la empresa en la que también laboré durante otra década.
La hipótesis (y esto es una percepción muy personal, basada en los hechos descritos en líneas anteriores), es que por los perjuicios económicos y la acefalía del medio (por prisión para sus directivos) derivarían en una quiebra y crisis en la que el gobierno podía designar un presupuesto para la subsistencia de Diario El Universo y a un director debido a la acefalía.
El mandatario de turno cedió de no ejecutar la sentencia ante la presión internacional, pero reconoció que su intención fue que la ciudadanía entendiera que tiene el derecho de plantear una demanda a cualquier medio en caso de ser necesaria. El efecto fue la desacreditación del medio, reflejada hoy en el odio del consumidor.
En junio de 2013, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) y con ella se creó la Superintendencia de Comunicación (Supercom), que fue eliminada en 2019. Entre 2013 y 2015 registraron 342 sanciones a medios de comunicación, en su mayoría privados. Para muchos, ese fue el indicador de una persecución a los medios, que al mismo tiempo se vieron limitados en cuanto al periodismo de investigación. A eso se le añade la desacreditación de dichas publicaciones. Pero, ¿cómo funcionan los medios? Eso lo veremos el la parte III, la última de este análisis.
Voz Ciudadana:
Rafael Veintimilla Aragundi / Periodista
